Los cesionarios, que ya no podrán subarrendar los puntos de amarre, barajan dejar de pagar desde julio si el municipio no da marcha atrás en su decisión.
LOS PROPIETARIOS SEÑALAN QUE LA ACTIVIDAD SE MANTENDRÁ MIENTRAS EL JUZGADO NO SE PRONUNCIE SOBRE MEDIDAS CAUTELARES Y EL MUNICIPIO ELUDE HACER CUMPLIR SU PROPIA ORDEN "PARA EVITAR CONFLICTOS".